Nuestro asegurado circulaba correctamente por una vía interurbana de un municipio de Castellón cuando un jabalí se interpuso en su camino y no pudo evitar la colisión con el animal.
Como consecuencia del impacto, el vehículo de nuestro cliente sufrió daños materiales que ascendían a 534 euros.
Nos cursa parte del accidente y procedemos a tramitar la reclamación contra el correspondiente coto de caza del que supuestamente procedía el jabalí.
Sin embargo, cuando nos ponemos en contacto con la entidad su miembros no parecen dispuestos a colaborar y no nos facilitan el nombre del titular el coto, ni el de la compañía aseguradora que les cubriría siniestros de este tipo.
Al desconocer a quién se debe imputar la responsabilidad del accidente, solicitamos el informe de la Guardia Civil, que se personó en el lugar del siniestro.
Tal y como sospechábamos, el atestado confirma el atropello del animal, pero seguía sin revelar información sobre el responsable.
El atestado fijaba el punto kilométrico exacto donde se produjo el choque, por lo que optamos por interponer una demanda judicial contra el presidente del coto de caza.
Justo antes de celebrarse el juicio, la aseguradora del coto hace efectivo el pago de la totalidad de la cantidad reclamada.